La presidenta de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, ha enviado este lunes una carta a José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, instándole a intervenir en el reciente vertido de crudo que ha tenido lugar en las aguas de Perú, en el que está involucrado Repsol. Más concretamente, pide que colabore con las autoridades peruanas en la investigación sobre lo que diferentes medios y organismos sociales del país andino (entre ellos, la asociación de consumidores Aspec) califican como el mayor desastre medioambiental de los últimos años. Para apoyar su petición, FACUA recuerda el firme respaldo que la empresa petrolera ha recibido del Gobierno español en sus operaciones en aquel país.
El pasado 15 de enero se producía un derrame de 10.396 barriles (1,65 millones de litros, el doble de lo calculado inicialmente) de crudo durante la descarga de un buque petrolero de Repsol junto a la Refinería peruana de La Pampilla (en el Callao, la región portuaria cercana a Lima). Un juez de aquel país prohibió a los directivos de la compañía salir del mismo mientras se investigan los hechos.
Todo ello ha motivado que Ruiz interpele en una misiva a Albares para que tome cartas en el asunto y «proceda a llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para colaborar con las autoridades peruanas en averiguar las responsabilidades por los vertidos de crudo, en los que ha intervenido el grupo empresarial español Repsol».
Repsol, una compañía apoyada por España
En su argumentario, la presidenta de FACUA señala que «el Gobierno español respaldó la renovación de una refinería de Repsol en Perú en los años 2016 y 2017, a través de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), vinculada al Ministerio de Comercio y en la que el Estado tiene participación mayoritaria. Según se recoge en los medios de comunicación, todo parece indicar que esta compañía no concedió un crédito pero sí respaldó a Repsol con su aval financiero para que pudiera acometer los proyectos de renovación».
También recuerda el aval que prestó Exteriores a las medidas de seguridad de la multinacional en un documento de 2020, denominado Contribución de las empresas españolas al desarrollo sostenible en Iberoamérica, donde se recoge literalmente que «Repsol mantiene una ambición de cero accidentes soportada en la convicción de que todos ellos son evitables«.
Por todo ello, FACUA pide que colabore con las autoridades peruanas en la investigación sobre el vertido de Repsol y que, en el caso de que las pesquisas apunten a una negligencia del grupo, «se lleven a cabo cuantas acciones sean pertinentes para exigir su responsabilidad y garantizar que el daño ocurrido en las costas de Perú pueda ser reparado lo antes posible«.
