España aprueba ley para que las empresas respondan sin contestadores automáticos

España aprueba ley para que las empresas respondan sin contestadores automáticos

España ha aprobado la Ley de Servicios de Atención al Cliente que obliga a las empresas a tener un contestador humano y no un contestador automático que responda los pedidos de los usuarios.

Este derecho fue aprobado por el Consejo de ministros y señala que las empresas con más de 250 empleados deberán tener “personas físicas” detrás del teléfono cuando sus clientes llamen a atención al usuario.

“Atención personalizada”

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, señala que este derecho permitirá a las personas “tener el contacto humano en ocasiones determinadas”.

«La inmensa mayoría de los españoles nos hemos visto en un momento u otro tratando de defendernos ante alguna prestación de los servicios que contratamos a través de un contestador automático, ante la desesperación de no ser atendidos en tiempo razonable y de no poder ser atendidos por una persona física», ha explicado la ministra.

Esta ley profundiza «en esa atención que tiene que recibir el cliente de manera personalizada de tal forma que incluso se tiene derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de los contestadores automáticos».

La futura ley contempla la obligación de la empresa de mantener una comunicación personalizada cuando el consumidor formule una consulta o queja por teléfono o correo electrónico.

En el caso de insatisfacción con la atención recibida, el usuario podrá solicitar que se transfiera la comunicación con una persona física supervisora, que deberá atenderle en el transcurso de esa misma llamada.

La ley también pone límite a los tiempos de espera telefónica y prohíbe la derivación desde un teléfono gratuito a números que impliquen un coste adicional. Claro, todo a horarios comerciales de la compañía.

España está a la vanguardia de este tipo de leyes. Solo hace poco, el Tribunal Supremo brindó una sentencia histórica al avalar los insultos que usuarios realizaban a dos teleoperadoras en específico luego de “engañar” a sus familiares.

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