El 30 de junio vence el plazo para que los alimentos ultraprocesados utilicen octógonos adhesivos en sus etiquetas y empiecen a mostrarlos impresos. Para setiembre, además, se tiene prevista la segunda fase de la Ley de Alimentación Saludable, que contempla la reducción de los parámetros. Gremios empresariales piden la utilización permanente de stickers y nuevas prórrogas para el inicio de la segunda etapa. Los expertos, en cambio, consideran que no deben concederse más ampliaciones y solicitan al Minsa hacer cumplir las normas.
esde hace dos años el gobierno de Perú viene extendiendo los plazos para que la industria alimentaria local y extranjera cumpla con la incorporación de advertencias publicitarias en forma de octógono, en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans.
Esta medida, implementada con el fin de reducir el consumo de estas fórmulas ultraprocesadas y con ello disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad en la población, entró en vigencia en junio de 2019, luego de haber sido discutida por varios años. Pese a ello, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra otorgó el plazo de un año para que las empresas adecuaran sus envoltorios, a través del uso temporal de adhesivos en la parte frontal de los productos. Pero esta no fue la única ampliación. En el contexto de la pandemia de Covid-19, se estableció el uso alternativo de los stickers hasta el 30 de junio de 2021.
Desde la aplicación de la norma, distintos grupos empresariales han solicitado a las autoridades extensiones de plazos, así como el uso permanente de adhesivos en productos importados. Uno de ellos es la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quienes a pocos días del vencimiento de la prórroga, enviaron una nueva carta al Ministerio de Salud (Minsa), diciendo que el uso de sellos fijos impactaría negativamente en el comercio de este tipo de alimentos.
“Imprimir en el etiquetado de origen va a significar que los productos importados no puedan ingresar, porque este requisito no es viable para los proveedores extranjeros”, señaló a OjoPúblico el abogado Mariano Peña Benavides, presidente del sector de Importadores de Alimentos del Gremio de Comercio Exterior de la CCL.
Este grupo está conformado por más de 20 empresas de la industria de alimentos, entre ellas el conglomerado de capitales chilenos Cencosud, uno de los grupos más importantes del sector retail en el país, a través de sus supermercados Wong y Metro. También está integrado por la empresa Yichang, dueña de las marcas de atún Florida y Compass, entre otras importadoras locales.
La semana pasada el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dejó abierta la posibilidad de evaluar la solicitud que alcanza a los alimentos ultraprocesados que provienen del extranjero, un pedido al que asociaciones de defensa de los consumidores han mostrado total rechazo, pues ya lleva años de discusión.
Este, sin embargo, no es el único aspecto en debate. El reglamento de la Ley de Alimentación Saludable contempla una segunda fase en el uso del etiquetado de los octógonos, que implica la reducción de los parámetros del contenido de azúcar, sal y grasas; programada para setiembre del 2021. La Asociación de Exportadores (Adex), plantea la postergación de esta etapa por un año más. La posición oficial del Ministerio de Salud es que no se concederá más prórroga.
MÁS PRÓRROGAS. En junio de 2019 entró en vigencia el uso de octógonos. En dos ocasiones, el Gobierno ha extendido el plazo para el uso de adhesivos, a fin de que las empresas puedan adecuarse.
Foto: Andina
Perú fue uno de los primeros países de América Latina en implementar normas orientadas a reducir el sobrepeso y obesidad infantil. En mayo de 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ley de Octógonos, por la incorporación de advertencias publicitarias con esta forma geométrica para todos los alimentos ultraprocesados. La norma, no obstante, también incluye otras medidas para la promoción de una alimentación y estilo de vida saludables.
El reglamento de la ley tardó cuatro años en publicarse; y el manual, con los parámetros de las advertencias y consideraciones publicitarias, recién estuvo disponible en junio de 2018, a pesar de la oposición del Congreso, entonces integrado en su mayoría por parlamentarios de Fuerza Popular. Este último documento entró en vigencia en junio de 2019 y obligó a los productores a presentar octógonos impresos en la cara frontal de los empaques, aunque concedió un plazo límite de seis meses en el que podían utilizar stickers como medida provisional.
Estas advertencias permiten informar al consumidor sobre aquellos aditivos cuyo consumo en exceso resultan peligrosos para la salud. “Estos son usados para hacer más fácil la producción, pero hay evidencia internacional que señala que el exceso de azúcar está relacionado con la diabetes, la sal con la hipertensión y la grasa con los infartos. Además, en países como Estados Unidos se prohíben las grasas trans en alimentos”, explica Saby Mauricio Alza, nutricionista que ocupó el cargo de decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, durante el debate y aprobación de la norma en mención.
En junio de 2019, cuando Martín Vizcarra ya se encontraba en la presidencia, se otorgó una primera prórroga al uso de adhesivos hasta junio de 2020. Esta disposición permitió que las grandes empresas continuaran vendiendo los productos sin sellos en tiendas pequeñas, hasta agotar su stock. La siguiente extensión ocurrió un año después, en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Ahora los gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, Adex y EuroCámaras Perú, una asociación conformada por representantes de grupos comerciales europeos, buscan una tercera ampliación. En mayo de este año, esta última pidió extender el permiso con la excusa de evitar sobrecostos en los productos importados. Alberto Almendres, presidente de Eurocámaras, dijo entonces que el rotulado podría convertirse en un “obstáculo para el comercio bilateral”.
Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sin importar si las advertencias están impresas o si son removibles, cumplen con la función de informar a los consumidores sobre los altos contenidos de sodio, azúcares o grasas. “No tiene razón de ser que el empaque venga rotulado o impreso desde el origen con dichas advertencias, cuando la producción en el extranjero no está solamente destinada al Perú sino a otros países que no tienen dichas exigencias”, señala un comunicado de esta asociación.
Aunque sin precisar cifras exactas, Peña Benavides asegura que, en muchos casos, los costos de elaborar un etiquetado especial son elevados, debido a la poca cantidad de productos que importa el mercado peruano. Y cree que que si estos no ingresan al país podrían generar un impacto en la economía.
GRUPOS DE PODER. Una investigación de OjoPúblico reveló que miembros de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), una férrea opositora al etiquetado con octógonos, dominaban la industria alimentaria peruana.
Fotocomposición: Jhafet Ruíz
En contraposición a los pedidos de los gremios de la industria alimentaria, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), sostiene que el reemplazo de sellos fijos por adhesivos conlleva una serie de problemas que contravienen el principal objetivo de la Ley de Alimentación Saludable: informar correctamente a los consumidores sobre los productos que ponen en riesgo su salud.
Por ejemplo, al ser removibles, los stickers pueden ser ubicados en partes no visibles del envase o ser retirados con facilidad. Además, dificultan la capacidad de fiscalización de las entidades estatales, según indica un pronunciamiento emitido junto a otras nueve asociaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Red Peruana de Nutrición y Salud Integral (Nutsired).
Aspec también sostiene que permitir el uso de adhesivos en bebidas y alimentos importados procesados importados demuestra un trato preferente en desmedro de los productores locales. “Desalienta a los empresarios locales que sí están cumpliendo con la impresión de octógonos. Han tenido mucho tiempo para las modificaciones”, precisó el abogado y presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres Valle.
El especialista en defensa del consumidor dijo a OjoPúblico que el Minsa no debe aceptar este pedido, debido a que es obligación de las empresas extranjeras adaptarse a la legislación local, como ocurre en otros países de América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de Pura Vida, en el que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos ordenó al grupo peruano Gloria a cambiar el etiquetado de sus productos por incurrir en imprecisiones. “Es inaceptable, porque implica una pérdida de soberanía. Con esa lógica, las empresas que llegan al Perú no tendrían que respetar ninguna ley”, dijo.
Saby Mauricio, directora de Nutrición Humana en la Universidad Norbert Wiener, también hizo énfasis en la posibilidad de que las empresas eludan su responsabilidad por el mal uso o retiro de los octógonos adhesivos. “La advertencia tiene que formar parte de la etiqueta, sin separarse, en una ubicación frontal por ley. ¿Qué pasa si se cae un adhesivo? La empresa puede culpar a otros. Ya han tenido suficiente tiempo para adaptarse e incluso, por pandemia, se les otorgó más [plazo]. Sino, se está vulnerando el derecho al consumidor”, indicó a OjoPúblico.
El ministro Óscar Ugarte adelantó que el Ministerio de Salud no otorgará plazos adicionales a las empresas locales. “No hay ninguna razón para que no se pueda aplicar la norma en toda su extensión”, dijo. Por lo que, de momento, el debate se ha centrado en los riesgos y beneficios de permitir a los productos importados continuar usando octógonos adhesivos. Este pedido sigue en evaluación.
Postergación de la segunda fase
El reglamento de La Ley de Alimentación Saludable también indica que 39 meses después de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias se reducirán los parámetros de clasificación para alimentos y bebidas procesadas. Estos indicadores establecen límites máximos para cada uno de los aditivos que constituyen un riesgo para la salud. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hasta ahora solo debían llevar la advertencia octogonal de “exceso de sodio” aquellos productos con más de 800 miligramos (mg) de sodio por cada 100 gramos (grs); también la deberán incorporar aquellos que contengan igual o más de 400 mg.
El plazo para hacer esta modificación en el etiquetado vence el próximo 17 de setiembre. Sin embargo, según el Decreto Supremo 015-2019-SA, las empresas tendrán un plazo de seis meses (hasta finales de 2021) para usar stickers. Aún así, la Asociación de Exportadores (Adex) ha pedido al Minsa una ampliación de un año extra. “La crisis sanitaria ralentizó las ventas, por lo que las empresas aún cuentan con stocks de envoltorios con las advertencias publicitarias de acuerdo al primer periodo”, señaló en un comunicado.
Para Saby Mauricio, es urgente que se implementen nuevos parámetros acorde a las normativas internacionales. “Necesitamos parámetros más estrictos, que garanticen que los nutrientes críticos no hagan daño al consumirlos”, indicó. Pero, además, la especialista considera necesario que se preste atención a los diferentes aspectos de la Ley de Alimentación Saludable. “El debate sobre el uso de octógonos adhesivos nos entretiene. La Ley incluye otros 10 artículos que implementar y, hasta ahora, no se han cumplido”, dijo a OjoPúblico.
La decisión de una eventual prórroga para el inicio de la segunda etapa recaerá sobre el próximo gobierno. El plan presentado por el equipo de Pedro Castillo, candidato que obtuvo la mayoría de los votos al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, ha considerado como parte de sus propuestas la “aplicación urgente y en todos sus extremos de la Ley de Alimentación Saludable y su reglamento”. Además, plantea fortalecer el marco regulatorio e impositivo para promover hábitos saludables.
De momento, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en contra de las solicitudes de importadores y además, ha pedido “que se continúe con la implementación de la segunda fase de los parámetros técnicos para el sodio, el azúcar y las grasas trans, tema que debe ser parte de la agenda primordial para el próximo gobierno”.Claudia Chávez Amaya@ClaudiaChavez_ claudia@ojo-publico.com
En mayo el 14% de hogares no pudo comprar alimentos con proteínas como carnes, pescado y huevos por falta de dinero. En todo el país, solo en sectores urbanos el número ascendería a 3,5 millones de personas; sin contar a las zonas rurales, duramente golpeadas. Con el alto número de contagios en los mercados y el olvido del Estado hacia los pequeños agricultores se está generando una disrupción en los canales de abastecimiento de alimentos.
LA OTRA CRISIS. Miles de pequeños agricultores han perdido sus cosechas y han empezado a sacrificar su ganado porque no pueden alimentarlo.Foto: OjoPúblico / Álvaro Franco22217
La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria que requiere urgente atención por parte de las autoridades. La acertada decisión inicial del gobierno de paralizar la economía en sectores no vitales para reducir lo más posible la tasa de contagio, fue matizada luego por graves errores cuyas consecuencias fueron la inadecuada protección de millones de familias que se quedaron sin ingresos, y el descuido de la seguridad sanitaria de los mercados de alimentos a nivel nacional.
En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a familias de Lima Metropolitana y Callao, entre el 5 y 7 de mayo de este año, un 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con contenido proteico como carnes, pescado y huevos; y un 9%, de alimentos con contenido de carbohidratos. En el 73% de los hogares con dificultades para adquirir alimentos con proteínas la causa fue la carencia de medios económicos.
Estamos hablando de por lo menos un millón de personas en Lima y Callao que ya a principios de mayo enfrentaba un problema directo de inseguridad alimentaria, básicamente por no tener dinero. Si extrapolamos estas cifras al Perú urbano, podríamos estar llegando a 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria a nivel nacional; sin contar con lo que viene pasando en zonas rurales, duramente golpeadas por la paralización económica.
LOS MERCADOS SE ESTÁN CERRANDO SIN UN PLAN INTEGRAL PARA ENFRENTAR UN PROBLEMA SISTÉMICO.
Otros indicios del problema son las masivas migraciones de Lima hacia el interior del país. Se estima en decenas de miles las familias que han decidido regresar de una u otra forma a sus lugares de origen. Una buena parte de esta migración de retorno tiene que ver con el hambre y la carencia de alternativas para conseguir alimentos en el contexto de la pandemia y la debilidad del aparato público para atender a los más vulnerables.
Según la FAO la seguridad alimentaria se basa en cuatro pilares: disponibilidad, acceso, inocuidad y estabilidad, todos relacionados al consumo de alimentos nutritivos y seguros por parte de la población. Los problemas en cualquiera de estos frentes implican inseguridad alimentaria, y esta puede ir desde una situación leve en la que hay reducción de algunos alimentos, pero se come todos los días; intermedia, donde las personas se saltan alguna comida al día; a una muy grave donde dejan de comer completamente por un día o más. Cabe la pregunta sobre en qué situación está nuestro país en el contexto de la pandemia.
Las cifras de la encuesta del INEI indican que varios millones de personas en Perú están en situación de inseguridad alimentaria entre intermedia y grave. No poder adquirir alimentos por falta de medios económicos es una de las principales causas de inseguridad alimentaria en el mundo, y ha sido uno de los factores detrás de grandes hambrunas en diferentes escenarios de guerra y enfermedades. La carencia de una red de apoyo directo o indirecto a las familias en inseguridad alimentaria en el Perú puede ya considerarse como una de las causas por las que este problema aparece tan rápidamente y sin reflejos por parte del Estado.
NO EXISTE UNA RED DE APOYO DIRECTO O INDIRECTO A LAS FAMILIAS EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
Y con las semanas la situación tiende a empeorar. En este mes se han detectado focos de infecciones en diversos mercados de alimentos, tanto mayoristas como minoristas en Lima y el interior del país. En el caso de Lima, los mercados que inicialmente se han evaluado arrojan tasas de contagio de más del 50% de los comerciantes, y en el caso de los dos mercados mayoristas más importantes, el de Frutas en la Victoria, y el Gran Mayorista en Santa Anita, las cifras han superado el 70%.
Este descontrol en los mercados está generando una importante disrupción en los canales de abastecimiento de alimentos en la ciudad en Lima y Callao, así como en ciudades importantes del interior. Varios mercados están siendo cerrados por la autoridad sanitaria o municipal, y esto se está haciendo sin un plan integral y articulado para enfrentar un problema que es sistémico y requiere mucha coordinación y autoridad legitimada.
Si la situación de descontrol de los mercados sigue como hasta ahora, al problema ya señalado de acceso a alimentos por carencia de medios económicos habrá que agregarle un inmediato problema de falta de inocuidad y caída en la disponibilidad de éstos. En este último caso no será porque la agricultura no esté produciendo lo necesario para alimentarnos (lo está haciendo y muy bien, especialmente la agricultura familiar), sino por la total incapacidad de nuestras ciudades para regular y modernizar sus sistemas de comercialización de alimentos para consumo interno.
POR LO MENOS UN MILLÓN DE PERSONAS EN LIMA Y CALLAO EN MAYO YA ENFRENTABA UN PROBLEMA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
Curiosamente el Perú ha logrado ser líder en exportación de frutas y hortalizas a nivel mundial gracias a sistemas sanitarios muy sólidos, pero está a la cola en cuanto a la sanidad e inocuidad de su comercio interno de alimentos.
¿Y cómo estamos respecto a la estabilidad en la provisión de alimentos? La propia encuesta del INEI consulta a los hogares de Lima y Callao sobre qué tan seguros se sienten de poder pagar los alimentos que necesitan durante las próximas cuatro semanas. Un 30% declaró que se sentía nada seguro y un 47% poco seguro.
Es decir, un 77% tiene inseguridad sobre su capacidad de acceder a alimentos por razones económicas entre la primera semana de mayo y la primera semana de junio. El desorden y la lentitud del gobierno en la entrega de bonos de apoyo económico a las familias nos está pasando una enorme factura a los peruanos, y esto se refleja en estas cifras asociadas a alta inseguridad alimentaria.
El gobierno recién ha empezado a reaccionar en torno al problema, pero sin mucha claridad ni estrategia coherente. El presidente Martín Vizcarra anunció la semana pasada que se “reactivarán comedores populares” desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De hecho es una idea importante y que viene siendo apoyada por expertos y dirigentes, pero que requiere un enorme esfuerzo de movilización social y coordinación multisectorial.
ES URGENTE RECONSTRUIR TEJIDO SOCIAL Y ORGANIZATIVO EN PLENA PANDEMIA Y CON EL RELOJ EN CONTRA.
Llevamos ya muchos años desdeñando a las organizaciones populares que antes gestionaban problemas colectivos (clubes de madres, comedores, redes de salud, comunidades campesinas, juntas vecinales, rondas campesinas) y que son ninguneadas por la política pública en nombre del individualismo neoliberal. Hoy es urgente reconstruir tejido social y organizativo en plena pandemia y con el reloj en contra.
Mirando otra vez al tema de la estabilidad en la oferta de alimentos, es importante mencionar el casi absoluto abandono de la agricultura familiar que muestra el gobierno en medio de esta grave crisis. Los gremios agrarios fueron de los primeros en plantear la necesidad de un bono agrario de carácter productivo para ayudar a millones de pequeños agricultores que enfrentaban una caída drástica de ingresos agrarios y no agrarios. No obstante, el gobierno no recogió la propuesta y siguió insistiendo en bonos dizque focalizados en familias en pobreza, lo que ha llevado a una cobertura muy limitada de la ayuda, y peor aún, ha generado demoras en la elaboración de “padrones de beneficiarios” que nadie conoce.
Estos problemas ya están pasando factura a cientos de miles de pequeños productores que han perdido sus cosechas, casi no han recibido ingresos por sus cultivos, y han empezado a sacrificar ganado por no poder alimentarlo. Esta descapitalización agraria tendrá consecuencias para la próxima campaña agrícola, poniendo otra vez en riesgo la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad y estabilidad en el futuro.
CIENTOS DE MILES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES HAN PERDIDO SUS COSECHAS Y HAN EMPEZADO A SACRIFICAR GANADO POR NO PODER ALIMENTARLO.
Hay que mencionar que la solicitud de 5.000 millones de soles para financiar la próxima campaña agrícola debe ser atendida con la mayor atención por el gobierno para darle al país un mínimo de garantía de que tendremos alimentos suficientes para el próximo año. Seguir jugando a la “incapacidad de colocación” de Agrobanco en este contexto es similar a la errada focalización de hogares en medio de una crisis generalizada de ingresos del 70% de la población.
Así como la crisis sanitaria ha develado las fallas del modelo neoliberal de las últimas tres décadas al no haber invertido seriamente en los sistemas públicos de salud, la crisis alimentaria también refleja la incapacidad de los sucesivos gobiernos en prestarle atención a la seguridad alimentaria.
El Perú ha aprobado formalmente varias veces “estrategias nacionales y regionales” de seguridad alimentaria, las que siempre terminan en documentos de escritorio o colgados en páginas web sin mayor aplicación práctica en la toma de decisiones gubernamentales. Hoy se hace evidente que al no tener una autoridad clara en este tema (¿Ministerio de Agricultura, Midis, Producción, Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros?), tampoco tenemos cómo atacar el problema de forma integral y articulada.
Desde mi punto de vista creo que hemos llegado al punto en que se debe crear una instancia al más alto nivel presidencial para la seguridad alimentaria en nuestro país (como la tiene Brasil, aunque ahora sin utilidad bajo el gobierno de Jair Bolsonaro). Una instancia que realmente tenga capacidad de decisión y de asignar recursos para fortalecer todos los aspectos relevantes de las cadenas agroalimentarias que son claves para la alimentación.
Esta es una medida clave no solo para enfrentar la crisis sino también para empezar a gestar un futuro distinto para los millones de peruanos y peruanas en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Esperamos que en las próximas semanas el gobierno muestre mayores reflejos y capacidad de acción al respecto.
Fuente: Ojo Público
