ASPEC: Estado debe regular el delivery por aplicativos y responsabilizarlos por su personal

ASPEC: Estado debe regular el delivery por aplicativos y responsabilizarlos por su personal

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, hizo un llamado al Ejecutivo para que fiscalice este tipo de servicio, además de exigir la implementación de un libro virtual de reclamaciones.

Luego de detectarse en el distrito de Miraflores que algunos repartidores de delivery de aplicativos como Glovo y Rappi dieron positivo a la COVID-19, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, criticó la poca fiscalización y regulación por parte del Gobierno respecto a dicho servicio.

En declaraciones a La República, recordó que cuando se inició la reactivación económica en el sector restaurantes, el Estado promulgó una norma en la que se permitía el servicio de delivery únicamente si el repartidor trabajaba en el restaurante.

“Ese era el sistema adecuado porque de esta manera el dueño del restaurante puede hacer la fiscalización pertinente, capacitarlos, darles los implementos correspondientes o enseñarles el protocolo para manejar el producto”, sostuvo Cáceres.

En esta figura, manifestó que la responsabilidad sobre algún inconveniente que el cliente tenga con el producto o con la forma de reparto, recae directamente en la empresa, por lo cual el consumidor puede realizar su queja directamente con ellos.

Repartidores de Glovo realizan delivery en diferentes zonas de Lima. (Foto: Aldair Jorge Mejia Lopez)
Repartidores de Glovo realizan delivery en diferentes zonas de Lima. (Foto: Aldair Jorge Mejia Lopez)

Dueños de aplicativos de reparto no se responsabilizan por inconvenientes

Crisólogo Cáceres indicó que existe un problema de años atrás con los aplicativos de delivery, ya que ellos no se hacen responsables por algún problema que pueda existir con la forma en cómo se lleva a cabo el servicio.

“El aplicativo es irresponsable. Según los empresarios que administran estos aplicativos, ellos no tienen responsabilidad porque son solamente intermediarios entre el consumidor y el repartidor”, afirmó a La República.

Por este motivo, precisó que los reclamos de los consumidores estarían entrampados, pues no tienen a quién acudir en caso de alguna disconformidad.

Legalmente esto no es permisible, porque el código del consumidor y el reglamento del libro de reclamaciones son claros: si se trata de proveedores que brindan servicios virtuales, están en la obligación de contar con un libro de reclamaciones virtuales”, informó el presidente de ASPEC.

Repartidores de Rappi realizan delivery en diferentes zonas de Lima. (Foto: Aldair Jorge Mejia Lopez)
Repartidores de Rappi realizan delivery en diferentes zonas de Lima. (Foto: Aldair Jorge Mejia Lopez)

Acciones que debe tomar el Estado para regular los repartos por delivery

El especialista mencionó que el Estado debe tomar cartas en el asunto y regular de una manera adecuada el servicio brindado por los aplicativos. Para ello, adicionó que existen dos posibilidades: que se permita el delivery solo si el motorizado pertenece al restaurante o que se mantenga el reparto por aplicativo, pero que este asuma la responsabilidad frente a cualquier percance.

De este modo, con la primera opción el Gobierno podría retrotraer el delivery a la normal original y lograría que “los restaurantes brinden el servicio de delivery con su personal, como al inicio, porque ahí sí en caso de algún problema la responsabilidad recae sobre el empresario”.

Para la segunda alternativa, apuntó que se debe implementar una norma en la cual se impute responsabilidad al aplicativo por su personal y de algún problema que se pueda suscitar. A la vez, hizo un llamado a Indecopi a fiscalizar si estas empresas están cumpliendo las medidas que protegen al consumidor.

Finalmente, Crisólogo Cáceres añadió lo siguiente: “Todo esto debe ir acompañado de una fiscalización muy severa por parte del Estado, solo así podríamos salir de esta situación porque es gravísimo, porque amenaza el primer y más importante derecho del consumidor, el derecho a la salud”.

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