RESOLUCIÓN DE OSIPTEL ENTRA EN CONFLICTO CON DU N° 035-2020
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) pidió al OSIPTEL que deje sin efecto, de manera definitiva, la Resolución N° 043-2020-PD/OSIPTEL que autoriza la suspensión del servicio de telecomunicaciones (teléfono e internet) a partir del miércoles 03 de junio, cuando los usuarios tengan tres meses sin pagar sus recibos.
Según ASPEC, dicha Resolución colisiona con lo dispuesto por el art. 9° del Decreto de Urgencia N° 035-2020, que es una norma de rango mayor, que establece diversas medidas en cuanto a la prestación y pago de los servicios públicos, como electricidad y telecomunicaciones, para reducir el impacto en la economía nacional de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. Entre dichas medidas se cuentan:
· Establecimiento por parte del OSIPTEL de criterios diferenciados para los usuarios más vulnerables: Se desconoce si el regulador cumplió con la elaboración de tales pautas y, si lo hizo, en qué información actualizada se basó.
· Fraccionamiento de la deuda vencida hasta por doce meses: En los hechos, dicha medida resulta impracticable porque el usuario no tiene forma de comunicarse con las empresas operadoras y, cuando por fin logra la ansiada comunicación, le manifiestan que las consultas y reclamos deben realizarse de manera presencial cuando los locales de tales negocios vuelvan a funcionar, lo cual no ocurre actualmente.
· Suministro a los usuarios de servicios con prestaciones reducidas: Eso sí se hizo. Por eso las empresas han venido brindando al usuario un servicio de menor calidad al originalmente contratado en razón de sus deudas atrasadas.
Lo cierto es que, en la práctica, a un gran número de usuarios no les están llegando los recibos de manera virtual, muchos han perdido el trabajo y han pasado a engrosar las filas de la población en situación de pobreza y por tanto no pueden pagar. Como si eso fuera poco, quienes tienen la posibilidad de pagar aunque sea un solo mes, no tienen modo de comunicarse con las empresas prestadoras y, además, la educación virtual que requiere de internet, también está en riesgo perjudicando a los ciudadanos de menor capacidad adquisitiva. Por todas estas razones, el Congreso de la República se apresta a citar al Primer Ministro para que brinde las explicaciones del caso.
Como se aprecia, estamos en presencia de una crisis social y política originada por una Resolución que nunca debió emitirse. Aún no es tarde y el OSIPTEL puede dar marcha atrás. ASPEC lo exhorta a que lo haga.
