viernes 27 de enero de 2017

 

Casos Puente Piedra y Gasoducto del Sur lo demuestran

CONTRATOS DE CONCESIÓN ASEGURAN BENEFICIOS A LAS EMPRESAS, NO AL USUARIO

Lo sucedido en las últimas semanas con el peaje de Puente Piedra y el Gasoducto del Sur deberían llevar a las autoridades municipales y del Gobierno Central a aprender algunas lecciones sobre los contratos de concesión que se otorgan a diestra y siniestra en favor de empresas privadas sin estar debidamente preparados. “Las consecuencias son ineficiencia, corrupción y perjuicios de todo tipo para los usuarios”, señaló Crisólogo Cáceres, Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC).

“Durante años, y a través de todos los medios posibles, se ha venido machacando en la mente de los ciudadanos que el Estado es inepto y que las empresas son eficientes e intachables pero, como la evidencia demuestra, eso no es tan cierto”, acotó Cáceres.

Para el titular de ASPEC el Perú no cuenta con una política de concesiones al sector privado que tenga como finalidad el bienestar del usuario. Por el contrario, lo que buscan los contratos de concesión es que las empresas ganen siempre así las economías de los usuarios resulten perjudicadas. Las principales deficiencias que encuentra ASPEC son:
· El Estado entrega al privado sólo mejor y se queda con lo menos rentable. El ejemplo típico son las concesiones en la Red Vial Nacional que administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por años se han cedido a privados los tramos más rentables de la carretera Panamericana y, mientras las empresas se hacen multimillonarias, el Estado, con menos dinero, debe seguir manteniendo todo el resto de la vía. Lo saludable sería entregar en concesión “carne con hueso” para que el privado también se encargue del mantenimiento de las carreteras adyacentes que son menos transitadas y, por ende, menos atractivas económicamente.

· Las empresas no traen su propio capital de modo que el Estado o, peor aún, los usuarios debemos subvencionar sus operaciones. El ejemplo típico es el “cargo de afianzamiento de la seguridad eléctrica” que, desde el 2015, los usuarios del servicio eléctrico hemos venido pagando inconsultamente para financiar la construcción del Gasoducto del Sur.

· Los contratos están tan mal hechos que todo el tiempo hay que añadirles las llamadas “adendas” que muchas veces los desnaturalizan y fomentan la corrupción porque, esencialmente, buscan entregarles a las empresas ventajas que no estaban originalmente consignadas en las bases de la licitación correspondiente.

· En los contratos, el Estado accede a darles a las empresas beneficios que serían inaceptables en los negocios entre privados como el “ingreso garantizado anual” que se incluyó en el contrato con el Consorcio Gasoducto del Sur.

· Las trabas y penalidades que se imponen al Estado cuando quiere renegociar o poner fin al contrato son tantas que pueden pasar años antes de obtener los resultados esperados. El mejor ejemplo es el indescriptible contrato firmado por la Municipalidad de Lima con la empresa Rutas de Lima que autorizó la colocación de garitas de peaje en la zona urbana de Puente Piedra sin que exista una vía alterna para quienes no deseen pagarlo.

Cáceres pidió que, en lo futuro, los contratos de concesión se pre publiquen para que los ciudadanos, especialmente quienes van a verse afectados por su implementación, puedan opinar. “Las inequidades y los actos de corrupción que se vienen descubriendo obligan a que los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de los consumidores consignados en el Código del Consumidor se respeten antes, durante y después de la suscripción de los contratos”.