martes 17 de julio de 2018

 

En defensa de los usuarios del servicio de administración de justicia

PROPUESTAS CONCRETAS DE ASPEC PARA LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL

Frente a la grave e inocultable crisis que atraviesa el sistema de administración de justicia del Perú y teniendo en cuenta que todos somos usuarios cautivos del mismo, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) plantea de manera pública los lineamientos de acción siguientes a fin de que sean tomados en cuenta por la Comisión Consultiva creada al efecto por el Poder Ejecutivo. Dichas propuestas son las siguientes:

1. Reducir la discrecionalidad irrestricta de los jueces que, por hechos similares, dejan libres a unos y encarcelan a otros. En tal sentido se propone instaurar en el Perú la obligación de los magistrados de respetar el precedente judicial de modo que, una vez resuelta una causa mediante una sentencia, se establece un antecedente que, en principio, no puede ser variado posteriormente. A fin de promover el conocimiento de las mismas, tales decisiones judiciales deben de ser publicadas.

2. El proceso de selección de jueces no puede seguir estando a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Se tiene que instaurar otro sistema. Puede ser un concurso público de méritos a cargo de una universidad reconocida y acreditada por la SUNEDU.

3. La función jurisdiccional constituye un servicio público que requiere una comprobada vocación de servicio. Por ello, en el concurso para acceder a ella, además de acreditar su solvencia académica con los certificados correspondientes, los postulantes deberán caracterizarse por: i) Contar con una trayectoria de servicio a la comunidad; ii) No militar o haber militado JAMÁS en un partido político; y iii) No registrar antecedentes penales.

Concurrentemente, a fin de combatir la corrupción se proponen las medidas siguientes:

1. Eliminación de la provisionalidad indefinida de magistrados, la cual sólo puede darse en situaciones de suma gravedad por un plazo máximo de 15 días.

2. Implementación en el Poder Judicial, el Ministerio Público y los poderes legislativo y ejecutivo del ISO ANTICORRUPCIÓN que, desde el año pasado, viene impulsando sin mayor éxito el INACAL.

3. Los magistrados de todo nivel deben estar dispuestos a someterse a la prueba del polígrafo (cuya eficacia supera el 99%) en cualquier momento.

En cuanto a los problemas que agobian a los usuarios se plantea:

1. Establecimiento de sistemas de reclamo expeditivos por parte de los afectados por la corrupción y deficiencias de los poderes del Estado. Potenciar la utilización del libro de reclamaciones puede ser una buena medida.

2. Disminución sustancial de las elevadas tasas judiciales establecidas sobre la base de la Unidad de Referencia Procesal (URP) que equivale al 10% de la UIT. Debe reducirse ese porcentaje porque constituye un severo limitante para acceder a la justicia que afecta, en especial, a los ciudadanos de menores recursos económicos.

3. Se debe regular de mejor manera el abuso que algunas empresas –disconformes con las resoluciones administrativas expedidas por los organismos reguladores y el INDECOPI, entre otros- vienen cometiendo al utilizar el proceso contencioso administrativo y el amparo para dilatar y/o eludir el cumplimiento de mandatos en beneficio del consumidor.

Finalmente, el Congreso de la República deberá estar a la altura de las circunstancias y aprobar con la celeridad debida las reformas que el Poder Judicial y el propio Poder Legislativo requieren en esta hora aciaga. Esperamos que así sea.