martes 14 de noviembre de 2017

 

Reforma del sistema previsional: No nos hemos olvidado

ASPEC denuncia absoluta falta de transparencia en la pretendida reforma del Sistema Privado de Pensiones

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) volvió a expresar su rechazo en cuanto al comportamiento del Estado y de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP). Ello en razón a la propuesta formulada hace unos días por la AFP Integra, denominada “comisión por desempeño” que implicaba el cobro de un 0.70% anual sobre el total del fondo administrado, pese a que ya han cobrado su comisión por adelantado -sistema de comisión por remuneración- desde el año 1993. Asimismo dicha AFP habría planteado el cobro de un 5% anual de las rentabilidades generadas, lo cual es inaudito debido a que, si se implementara dicha sugerencia, las administradoras cobrarían hasta el triple por un solo servicio, para el caso de los afiliados que se mantenían en el citado esquema de comisión por remuneración.

ASPEC recordó que en julio del 2016 se generaron pérdidas por 2,535 millones y el año 2015 se generaron pérdidas de más de S/. 8,000 millones entre los meses de julio y setiembre que, si bien es cierto a fin de dicho año se recuperaron, lo que no se aclaró de manera plausible fueron las causas que motivaron esta disminución del fondo y cómo se hizo para restituir el dinero perdido. Tampoco se conocen los informes de la SBS sobre esta situación y las auditorías que se hayan podido practicar a los fondos.
En enero del presente año el Gobierno constituyó una comisión especial para revisar el tema de seguridad social en donde se incluía al sistema privado y público de pensiones. Al respecto ha trascendido que dicha comisión –que durante meses trabajó a puerta cerrada- concluyó sus funciones. Como dicho grupo de trabajo no pidió opinión a representantes de los afiliados ni se realizaron audiencias públicas, foros o cualquier evento similar, se desconoce el contenido de su informe. Sólo a través de algunas entrevistas publicadas ha trascendido que existe la intención de eliminar el derecho otorgado a los afiliados por la Ley Nº 30425 a fin de que, al cumplir la edad de jubilación, puedan retirar hasta el 95.5% de su fondo. Asimismo se pretendería privatizar el Sistema Público de Pensiones (ONP) en contra de la corriente del vecino país de Chile donde, más bien se evalúa la posibilidad de estatizar las AFP.

Crisólogo Cáceres, Presidente de ASPEC, señaló que “resulta inaceptable que tanto las administradoras como el Estado discutan el futuro de los afiliados sin darles la oportunidad de participar en el debate. Siempre nos dicen que el dinero acumulado en el fondo es “nuestro” pero eso son meras palabras porque no existe transparencia en el manejo de las inversiones de los fondos de los trabajadores. Si somos los verdaderos dueños de los fondos de pensiones, tenemos derecho a saber cuáles son las inversiones y empresas que generan pérdidas para que las AFP no vuelvan a invertir nuestro dinero en ellas. También deberíamos tener acceso a los informes del comité de inversiones de las AFP, sus estados Financieros y los informes de la clasificadoras de riesgos”.

Por su parte el asesor en materia previsional de ASPEC, Fernando Klugger, considera que las AFP deben tener un marco regulatorio más preciso en cuanto a las inversiones riesgosas que realizan. “Debemos estar atentos a las modificaciones que este Gobierno quiera introducir a la Ley Nº 30425. Los informes de auditoría a los fondos por parte de la SBS deberían ser publicados por una cuestión de transparencia elemental y los directores que representan a los afiliados en las empresas beneficiadas deberían ser elegidos universalmente. Igualmente se debe instaurar un observatorio de los afiliados para monitorear la gestión de los fondos de los más de 6 millones de personas adscritas al sistema privado de pensiones”, manifestó.

Finalmente, Cáceres reiteró que “las AFP, hagan bien o mal su trabajo, igual cobran su comisión al afiliado. No hay estímulo para que se esfuercen en cautelar nuestro dinero. Es el mejor negocio para ellas y el peor para los afiliados. Y encima se hacen las víctimas frente a las leyes aprobadas por el Congreso que permiten el retiro de fondos por parte de los afiliados que así lo deseen”.